Comunicación, derechos y desarrollo sostenible en Cuba

By José Ramón Vidal Valdez on August 27, 2017

 


Una calle en La Habana, capital cubana.
Foto: M&M


 

El modelo comunicativo imperante en el país necesita transformarse para que esté a la altura de las demandas actuales de la sociedad cubana. Ese modelo comunicativo se concreta, tanto en lo político como en lo jurídico, en el concepto del derecho a la comunicación, entendido este como el derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad.

Frecuentemente se escuchan, en escenarios diversos, quejas e insatisfacciones sobre el sistema de comunicación pública en Cuba. A veces se suscitan enconados debates sobre el tema desde imaginarios de prensa contrapuestos, pero existen también reflexiones más sosegadas, rigurosas e integrales, que se gestan, sobre todo, en el campo académico de la comunicación y la información y en el sector periodístico.

Estas reflexiones tratan de ubicar en contexto el sistema comunicativo y no solo de encontrar los orígenes históricos de sus rasgos peculiares, incluyendo sus fortalezas y debilidades, sino que intentan identificar, además, los retos que tiene ante sí, para el presente y futuro inmediato, y los posibles caminos para su mejoramiento.

El presente artículo pretende sintetizar algunas de las conclusiones más compartidas en el espacio académico de la información y la comunicación en Cuba –aunque, por supuesto, no unánimemente aceptadas–, acerca del sistema y el modelo comunicativo imperante en el país y las transformaciones que sería necesario realizar para que estén a la altura de las demandas actuales de la sociedad cubana.

Antecedentes

Las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales desatadas por la Revolución Cubana impactaron también en la conformación del sistema de medios de comunicación que, en poco tiempo, pasaron a ser de medios comerciales a medios públicos.

Desde los primeros años de la pasada década del sesenta, la política editorial de los medios se subordinó por entero a la confrontación Revolución–contrarrevolución que, en el caso cubano, como se sabe, tiene un profundo matiz nacionalista, al ser ante todo la disputa entre Cuba y los Estados Unidos.

Cuba fue bloqueada económicamente (aún lo está), agredida por bandas terroristas y amenazada de intervención militar directa. Se desató una inmensa campaña diplomática y mediática con el propósito de aislarla del resto del mundo.

En ese contexto aparecen dos rasgos esenciales en el sistema comunicacional cubano: la propaganda en defensa de la Revolución, como función primera y esencial de los medios; y el secretismo, como mecanismo de defensa ante situaciones realmente excepcionales.

No obstante ello, durante la primera mitad de esa década, la prensa fue escenario de debates de sumo interés público acerca del proyecto socialista y acogió no pocos trabajos periodísticos críticos.

En la segunda mitad de los sesenta se produjo la integración de los diarios Hoy y Revolución, que eran los medios vinculados al Partido Socialista Popular y al Movimiento 26 de julio, como expresión en la prensa del proceso de unidad de las fuerzas políticas de la Revolución. Surgió así Granma como órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Semanas más tarde nacería Juventud Rebelde, con el subtítulo de órgano de la juventud cubana, bajo la supervisión de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Según la apreciación del ya fallecido Julio García Luís, Premio Nacional de Periodismo,…” la reestructuración de la prensa diaria en 1965 no se revirtió de inmediato ni después, en un periodismo de mayor calidad al que ya se venía realizando”.1 Varios factores incidieron sobre este resultado, desde la experiencia profesional de los nuevos periodistas y directivos, muchos de ellos improvisados, hasta un mayor control sobre los medios desde el sistema político.

Pero no fue hasta la década del setenta que se entronizaron en el sistema de medios mecanismos de control directo a imagen y semejanza con el modelo soviético, como parte de un proceso mucho más general de acercamiento a la antigua URSS y al campo socialista europeo.

La autorregulación por convicción, sentido de responsabilidad y profesionalidad por parte de los periodistas y directivos de los medios no se consideró garantía suficiente para las estructuras del Partido y se intensificó la intromisión de su aparato auxiliar en la conducción cotidiana de la prensa.

Por supuesto, esto conspiró contra la profesionalidad y, fundamentalmente, contra el cumplimiento de las funciones diversas y complementarias de los medios en la sociedad. Se produjo entonces una hipertrofia de la función propagandística, con tintes apologéticos de la obra de la Revolución, en detrimento de la función informativa, de la crítica oportuna y necesaria para cualquier proyecto político y socioeconómico, y del uso de los medios como plataformas de participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Estos rasgos se mantienen en lo esencial como características del sistema de los medios en Cuba, pese al tiempo transcurrido y las transformaciones de la realidad nacional y del entorno internacional, incluido el comunicacional, que a todas luces está pidiendo un cambio.

El proceso de esos cambios se sabe será difícil porque debe sobreponerse a una cultura verticalista, que tiende más al control que a la autonomía, a la trasmisión más que a la participación y el diálogo.

La insatisfacción con la labor de los medios

El funcionamiento del sistema de medios en Cuba deja insatisfecho tanto a gran parte de la ciudadanía, como a las propias instituciones públicas.

Desde la ciudadanía se pueden constatar esas insatisfacciones tanto en las opiniones que se expresan acerca de los medios de comunicación, como por la proliferación y credibilidad de rumores. Desde las instituciones se han realizado críticas y demandas a los medios y a los profesionales de la comunicación en múltiples espacios y momentos.

En particular, los congresos de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) han sido momentos para el análisis crítico de los medios, especialmente en sus dos últimas ediciones.

Algunos de los problemas que provocan esas insatisfacciones son:

Escasa autonomía de los medios para establecer sus agendas de contenidos, lo que provoca notables desfases entre las agendas mediáticas y las agendas públicas.

Imposibilidad de acceder a toda la información necesaria desde las instituciones públicas, dado el carácter restrictivo y secretista con que actúan en lo comunicacional.

Los medios de comunicación no solo están afectados por el secretismo y el sistema de regulación de sus contenidos, sino que padecen graves déficit financieros y materiales. Por ejemplo, una crítica situación con sus medios de transporte afecta la labor reporteril.

El personal que labora en los medios, como en muchos otros sectores del país, recibe salarios insuficientes y ello lo obliga, en no pocos casos, a dedicar tiempo y esfuerzos en encontrar otras vías de ingresos.

Todo lo anterior ha impactado en una lenta e insuficiente apropiación de las transformaciones que han ocurrido a escala global en los sistemas comunicativos caracterizados por la irrupción de redes y soportes digitales diversos, que crean la posibilidad de democratizar la producción y el acceso a la información y a la producción cultural.

Esta apropiación no se limita solo a lograr la conectividad y el acceso a la tecnología informática, lo cual tiene un notable retraso en Cuba, sino también la necesaria reestructuración del sistema de gestión editorial y las culturas profesionales que se derivan de su asimilación.

A partir de estas insatisfacciones se ha intentado realizar algunos cambios regularizando las informaciones sobre el desempeño y los acuerdos de las instancias de gobierno, alentando trabajos periodísticos de corte crítico y la mayor presencia de voces de diferentes sectores sociales en la prensa. Las secciones de intercambio con los lectores se han fortalecido y constituyen una vía de participación y queja de la ciudadanía. Aparecen trabajos de opinión más diversos y plurales. Hay un incipiente desarrollo de la prensa digital. Se exige a los organismos del Estado una mejor organización de su gestión comunicativa.

Pero estos cambios no son suficientes. En realidad, desde hace décadas las máximas instancias de dirección del Partido han intentado ampliar la función crítica de la prensa y mejorar su labor informativa. Pero una y otra resolución termina por evaluarse como no cumplida porque, en realidad, en ningún caso se ha hecho una reflexión profunda y radical sobre el modelo comunicativo y las relaciones entre las instituciones del sistema político y los medios de comunicación, lo que ha implicado tratar de obtener nuevos resultados con viejos métodos y se sabe que eso no es posible.

Diversos documentos y pronunciamientos realizados en los últimos años establecen el propósito de perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos, pero como ha expresado en su tesis doctoral la destacada periodista Rosa Mirian Elizalde:

“No hay participación sin comunicación, por más que se declaren ambas como objetivos estratégicos. Las fallas del Sistema comunicacional pueden comprometer el ejercicio colegiado del poder político e impedir formas permanentes de control social que favorezcan la participación popular y tengan un papel activo en la lucha por la defensa de los derechos culturales de la nación”.2

Los grandes retos actuales del sistema comunicativo cubano

La sociedad cubana está en momentos de dinamización de cambios y de crecimiento de su diversidad, lo que plantea nuevos y más complejos retos al sistema comunicacional.

Algunos de estos retos se derivan de la aparición de un sector no estatal de la economía y la ampliación del cooperativismo en diversos sectores. Esta diversidad de formas de propiedad hace emerger nuevos actores sociales que requieren tanto acceso a los medios como al control de estos sobre sus actuaciones.

También se han venido produciendo cambios institucionales, en los órganos de gobierno y en el sector empresarial, dirigidos a diferenciar adecuadamente las funciones de unos y otros, que incluyen una mayor autonomía a las empresas de propiedad social; el fortalecimiento de las regulaciones jurídicas y del derecho; y nuevas formas de planificar y dirigir la economía con procedimientos y políticas económicas y no solo con regulaciones administrativas. Estas transformaciones en el modelo de gestión económica requieren tratamientos diferenciados a las instituciones, desde lo comunicacional, y de informaciones amplias y de profundidad que contribuyan a crear conocimientos que favorezcan la comprensión y el apoyo a estos cambios.

También los medios –y la ciudadanía a través de estos– deben tener la posibilidad de observar críticamente sus impactos en la sociedad y, en particular, en la vida cotidiana de las personas para alertar sobre posibles deformaciones en su aplicación o la necesidad de producir ajustes a tiempo para que se reviertan francamente en beneficio de la economía y la sociedad cubanas.

Otros elementos insoslayables que requieren tratamiento permanente e inteligente en los medios de comunicación son las consecuencias que genera la imposibilidad de la economía de remontar, definitivamente, las secuelas materiales de la profunda crisis de los años noventa y, por supuesto, algo mucho más complicado, sus efectos subjetivos motivados por el proceso de empobrecimiento que se ha vivido y el consecuente deterioro de la credibilidad de las instituciones.

Los efectos de la crisis no están motivados solo por los duros años de aguda secases de productos de todo tipo y la disminución del salario real, sino por la ruptura brutal de la visión de futuro y los planes de vida de las personas y las familias. La sensación de que las reglas del juego cambiaron, que ahora todo está lleno de incertidumbres luego de haber vivido un periodo de seguridad y, sobre todo, de promesas que parecían alcanzables, deteriora el compromiso con el proyecto social y altera el cumplimiento de las normas sociales de civilidad y convivencia.

Estos asuntos tienen algún reflejo en la agenda mediática pero más desde un discurso moralizante, que desde el análisis de causa más profundo de estas conductas, que permita generar una reflexión colectiva que contribuya a corregir sus efectos perniciosos.


La prensa tiene gran importancia para la gente cubana.


Otro componente de los cambios que se han originado en la sociedad cubana es la emergencia pública de expresiones culturales y espirituales generadas desde identidades diversas, de género, creencias religiosas, orientación sexual, color de la piel o generacionales que, como nunca antes, pugnan por su presencia y reconocimiento en el espacio comunicacional. La política cultural y la relacionada con las creencias religiosas, abiertas y garantes de los derechos culturales, han contribuido en mucho a diversificar en los medios las miradas sobre esta diversidad creciente, pero no dejan de ser un reto permanente a la sensibilidad, creatividad y profundidad del trabajo periodístico.

El sistema comunicativo cubano tiene ante sí, además, los desafíos que entraña para lo comunicativo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que no diluye sino que transforma las disputas históricas entre ambos países y produce un tránsito del enfrentamiento frontal en los escenarios económicos y políticos hacia una confrontación, fundamentalmente en el orden simbólico y cultural. Ello sitúa la actualización y perfeccionamiento de las políticas comunicacionales como una prioridad insoslayable.

Hay, además, demandas que se derivan del proceso de relevo de la generación histórica que hizo la Revolución, hacia una nueva generación de dirigentes que tiene que basarse más en la legitimidad de las instituciones y las leyes y la capacidad para generar consensos. Es decir, una nueva forma de gobernar que, inevitablemente, tiene que implicar una manera diferente de comunicarse con la ciudadanía.

Afrontar con éxito estos retos requerirá de cambios conceptuales y prácticos de profundidad en lo relacionado con todo el sistema de comunicación social y su relación con el sistema político.

Referentes necesarios

Hay desarrollo teórico y propuestas provenientes de las luchas populares sobre la democratización de la comunicación que pueden ayudar a repensar las políticas y las regulaciones del sistema comunicativo en Cuba, lo que excede al sistema de medios e incluye a todos los actores involucrados en los procesos de comunicación a escala social e institucional.

Uno de los conceptos que debe constituir punto de partida en esas reflexiones es el de derecho a la comunicación. La idea de que era necesario formular un nuevo derecho humano a la comunicación fue esbozada por primera ocasión por Jean D’Arcy,3 en el seno de la UNESCO. Este autor consideraba que el derecho a la comunicación tendría que ser, necesariamente, más amplio que los derechos de opinión, expresión e información, que fueron reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual resultaba insuficiente como paraguas normativo para orientar la regulación del fenómeno de la comunicación en un contexto de acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de una creciente concentración a nivel mundial de los medios de comunicación masiva en empresas transnacionales de la información y la industria cultural.

En 1973, los países No Alineados plantearon en el seno de la UNESCO la idea de establecer un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) como correlato en el campo cultural de las propuestas en favor de un Nuevo Orden Económico Internacional

En particular, la propuesta del NOMIC provocó fuertes confrontaciones en los escenarios internacionales entre los países que denunciaban la profunda asimetría que existía en los flujos internacionales de información y comunicación, y los países industrializados de Occidente, que argumentaban que las pretensiones de establecer políticas y legislaciones que regularan esas relaciones eran un atentado al libre flujo de información y a la libertad de expresión, lo que era violatorio de diferentes cartas y acuerdos internacionales.

Como parte de esas disputas se constituyó por la UNESCO una comisión de expertos que evaluaría el ordenamiento internacional de la información y la comunicación; esa comisión fue identificada por el nombre de su presidente Seán MacBride. Como resultado de su trabajo se presentó un informe resumen que tiene como título “Un solo mundo, voces múltiples”.

Su aporte al debate internacional sobre la comunicación fue trascendental, en tanto describía y denunciaba los desequilibrios en la producción y circulación de información y abordaba el tratamiento del derecho a la comunicación como una necesidad política, aunque aún sin forma jurídica precisa. En efecto, a manera de recomendaciones, se formularon orientaciones jurídicas para que los Estados regulen las nuevas relaciones provenientes de la actividad comunicacional y, especialmente, mediática.

En síntesis, según estas recomendaciones, eran necesarias disposiciones para consolidar el ejercicio de los derechos tradicionalmente relacionados con la comunicación (opinión, expresión e información), así como de los demás derechos humanos relacionados con estos. Pero también se proponía a los Estados intervenir para asegurar el acceso democrático a la información y a los medios de comunicación por parte de los individuos y de los colectivos sociales; evitar la concentración de la propiedad de los medios, así como el monopolio de la producción de información; y asegurar la posibilidad de libre elección de los individuos frente a la amplia gama de información ofertada.

Luego de adoptarse por mayoría las resoluciones para hacer avanzar el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación en correspondencia con las conclusiones del informe Mac Bride, los Estados Unidos y el Reino Unido comunicaron su decisión de retirarse de esta organización, argumentando que el NOMIC constituía un atentado a la libertad de información. Le atribuyeron un sesgo estatista y acusaron a las autoridades de la UNESCO de propiciar en los países del Sur la creación de estructuras comunicacionales de inspiración socialista.

En la confluencia de las pasadas décadas de los ochenta y noventa, el predominio casi absoluto de la ideología neoliberal como discurso e imaginario únicos hizo retroceder muchas de las conquistas logradas tras años y décadas de lucha. La propuesta de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación fue una de esas conquistas postergadas.

Las políticas neoliberales aceleraron los procesos de concentración de la propiedad y desataron una ola de privatizaciones que debilitó en grado sumo los servicios públicos de información y comunicación y de las telecomunicaciones. Se agudizaron aquellos rasgos del orden mundial de la información y la comunicación que la comisión MacBride había definido como inaceptables.4

Comenzó a prevalecer otro paradigma en el análisis de los problemas internacionales vinculados a la información y la comunicación. Un ejemplo de este nuevo paradigma lo constituye la Convocatoria de la ONU a la Cumbre Mundial de la Información (Ginebra 2003-Túnez 2005), cuya organización se encargó a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y no a la UNESCO, como hubiese sido razonable, lo que llevó a omitir el debate en términos de derechos por un enfoque centrado en la forma de regular las relaciones comerciales y tecnológicas que generan el uso de las TIC en la globalización del mercado.

En contraposición a esas tendencias, los movimientos sociales y fuerzas progresistas resaltaron la relación que existe entre el derecho a comunicar y aquellos que garantizan la participación pública y el conocimiento y defensa de todos los derechos humanos.

La comunicación es concebida como un derecho de todos y todas, que implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento pero, también, de participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión relacionados con los asuntos concernientes a sus vidas.

Se retoma la idea de establecer políticas de comunicación e información y las legislaciones correspondientes que den garantías al pleno ejercicio del derecho a la comunicación.

Los empeños por democratizar la comunicación durante décadas han dejado un sedimento de ideas, conceptos y prácticas que hoy día, tras un largo y accidentado derrotero, conforman un modelo alternativo, tanto al imaginario liberal de prensa, como al modelo imperante en las experiencias socialistas del siglo XX. Esto tiene una gran importancia para Cuba, que decidida a perfeccionar su modelo de desarrollo económico y social de orientación socialista debe actualizar su propio modelo comunicativo y las políticas y el marco jurídico que lo organice y regule.

Otro referente insoslayable está relacionado con la centralidad que tiene la comunicación en los planes de desarrollo económico y social. La jerarquía de la información y el conocimiento como factores en el desarrollo ha ido creciendo. Se evidencia en la actualidad un uso intensivo de la información y un valor creciente del conocimiento como factores diferenciadores y condicionantes del desarrollo.

No es que el capital no sea importante pero no basta, hay que saber seleccionar, procesar y emplear eficazmente los altos volúmenes de información; generar los conocimientos indispensables que garanticen la producción de bienes y servicios con la calidad requerida en las nuevas condiciones socio–técnicas y asimilar las nuevas áreas de desarrollo científico y tecnológico que han emergido a partir de la llamada “revolución digital” y su confluencia con diversas demandas sociales.

El factor que realmente establece la diferencia es la posibilidad de contar con una masa crítica de personas altamente calificadas en el manejo de la información, en la generación de conocimientos y en su capacidad innovadora para aplicarlos eficazmente en la actividad productiva o de servicios correspondiente.

Pero la calificación de las personas no se logra hoy solo con excelentes centros educacionales. Estos, claro, son indispensables pero si los profesores, los estudiantes y los egresados no están conectados a los flujos mundiales de información, se descalifican rápidamente. La velocidad de generación de nuevos conocimientos es enorme y se realiza no solo en los grandes centros de investigación, sino que se construye, valida y socializa a través de las redes digitales.

Las nuevas tecnologías invaden la vida cotidiana y son utilizadas por miles de millones de personas. Desde las computadoras personales hasta el teléfono móvil, las tarjetas digitales, los comandos del televisor o de otros electrodomésticos para poner solo algunos ejemplos de la cotidianidad, requieren conocimientos nuevos que deben ser aprehendidos masivamente.

Este factor indica la necesidad de contar con políticas y legislaciones en comunicación actualizadas, que contribuyan a aprovechar al máximo posible las oportunidades que surgen tanto en los procesos de desarrollo socioeconómico, como en el perfeccionamiento de los mecanismos de participación ciudadana.

Las relaciones entre la política y la comunicación exceden hoy día la antigua lógica de ver a la comunicación social, y en particular a los medios, como meros instrumentos. La comunicación es hoy un eje esencial en cualquier proyecto político, como lo es también con respecto a cualquier proyecto de desarrollo socioeconómico. Por lo que las relaciones entre ambos sistemas solo pueden ser comprendidas en una lógica de mediación recíproca que obliga a garantizar la autonomía de ambos sistemas y no la subordinación del comunicativo ante el político a ultranza.

Las nuevas circunstancias tecnológicas y culturales amplían, además, los contenidos tradicionales de las políticas de comunicación que ahora deben incluir, de manera coherente e integrada, las políticas relacionadas con la instalación y apropiación de las tecnologías de información y comunicación digitales y las transformaciones culturales indispensables para poder hacer un uso provechoso de estas.

La llamada política de informatización de la sociedad tiene que estar integrada a una política pública de comunicación, de tal forma que se vea en toda su integralidad las trasformaciones en curso a nivel global y sus implicaciones para el país.

Para ello es necesario situar a este proceso en un marco que rebase, aunque por supuesto incluya, la óptica de la seguridad nacional y se abra a las perspectivas de entender las redes digitales y su uso como infraestructuras básicas para el desarrollo, como un asunto vinculado al derecho a la comunicación, al funcionamiento democrático y transparente de las instituciones públicas y como un proceso generador de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, aún no se observan con claridad los lazos entre esa política y las transformaciones indispensables en el sistema de comunicación social.

Como se observa, hoy día las políticas de comunicación deben hablar tanto de política e ideología como de economía y desarrollo. La manera de concebir el modelo y el sistema comunicativo y sus regulaciones serán condicionantes importantes en el funcionamiento del sistema político y en la consecución de los planes de desarrollo económico y social.

Posibles caminos

La solución a las demandas sociales al sistema comunicativo cubano no puede salir de un modelo comunicativo centrado en el control y la información vertical, que resulte omiso en temas de alto interés social y escaso en espacios públicos de análisis y debate.

Lo más conveniente parece ser lograr un modelo comunicativo que favorezca el diálogo fluido a escala social, institucional y comunitaria.

Ese modelo comunicativo se concreta, tanto en lo político como en lo jurídico, en el concepto del derecho a la comunicación, entendido este como el derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad.

Para ello sería necesario avanzar en:

La transparencia de las instituciones públicas. Garantizar la realización del principio de que la información pública es un bien público. Sin una información oportuna, diáfana y profunda, no es posible lograr una participación calificada de las personas en los asuntos políticos y sociales; sin una transparencia pública de la labor de funcionarios y órganos de gobierno, no es posible el más mínimo control ciudadano sobre su gestión, lo que resulta indispensable en la lucha contra la corrupción y por el desarrollo de una verdadera cultura de participación. Sería deseable una legislación que obligue a las instituciones públicas a hacer visible, permanentemente, un conjunto de datos y de brindar a cualquier ciudadano la información que este reclame. Particulares facilidades deben tener los periodistas a la necesaria interlocución que aclare, amplíe y ayude a interpretar dichas informaciones.

Como no es posible una transparencia total, ciertas informaciones quedarán clasificadas. La ley debería regular cuáles requisitos debe cumplir una información para entrar en esa categoría, quiénes son los funcionarios autorizados a clasificar, cómo pueden impugnarse sus decisiones y a quiénes rinden cuenta del uso de esta prerrogativa. Es decir, no puede quedar a la discreción de cualquier funcionario la clasificación como secreta, confidencial o restringida de una información pública. Sería necesario, también, dejar establecido un sistema de sanciones para los funcionarios que violen lo establecido en dicha regulación jurídica.

Una política pública de comunicación: Que consagre el principio anterior y que dote a los medios de comunicación de mayores posibilidades para conformar su agenda, no solo a partir de indicaciones de las instituciones de Partido y Gobierno, sino con una lectura responsable y comprometida, ante la ciudadanía, de la agenda pública. Esta política, además, debe facilitar y respaldar la labor de los periodistas y contribuir a que los medios de comunicación –que en Cuba, por precepto constitucional, son de propiedad estatal o social– puedan cumplir de manera esencialmente autorregulada y equilibradamente sus diversas funciones sociales.

Legislaciones en comunicación. Que den fuerza legal a la política pública sobre comunicación social y establezcan las atribuciones, responsabilidades y límites de los diferentes actores que intervienen en el proceso de comunicación pública.

Actualización del modelo de gestión económica. Este es uno de los asuntos más complejos a resolver y para el cual es necesario ser más innovadores. Es bastante consensuado en el medio académico y en el sector periodístico que no debe modificarse el sistema de propiedad sobre los medios, pero que sí es posible ensayar formas diferentes de gestión. Hoy día los medios hacen muchas funciones publicitarias (anuncios y menciones promocionales, campañas de bien público y publirreportajes) que, en la generalidad de los casos, no se cobran. Establecer el pago por los espacios publicitarios por parte de las empresas cooperativas y organismos gubernamentales puede ser una decisión que contribuya a mejorar la sostenibilidad financiera de los medios que, además, deben continuar recibiendo las contribuciones presupuestarias posibles del Estado o de las instituciones sociales o políticas a las que pertenecen.

Actualización del sistema de gestión editorial de los medios y de sus rutinas productivas. Esto incluye la necesidad de repensar los conceptos y valores noticias con que se está operando y, en general, continuar fortaleciendo la cultura profesional de periodistas, editores y directivos de los medios para que puedan estar a la altura de los reclamos y desafíos de hoy. Una gestión editorial contemporánea requiere de un mayor y sistemático diálogo entre los medios y sus públicos, por lo que cualquier avance en la gestión editorial pasa por la creación de los mecanismos correspondientes a esa vital función. La prolongación de políticas que han quedado obsoletas desde hace tiempo han afectado la profesionalidad de los medios cubanos, por lo que es preciso incrementar y actualizar el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación en general, para hacer viable la aplicación de nuevas políticas y legislaciones.

En el nivel de la comunicación institucional y local sería necesario también hacer transformaciones que contribuyan al mejor aprovechamiento de los recursos existentes en función del desarrollo, lo que supone incentivar una comunicación dialógica y no centrada en la difusión.

Para ello hay que habilitar sistemas de comunicación institucional y local y estrategias comunicacionales que incentiven la participación y el diálogo, lo que repercutiría en el aprovechamiento de la experiencia y los conocimientos colectivos e incrementaría la motivación y el sentido de pertenencia de las personas a esas instituciones y a los programas de desarrollo local.

Lo anterior supone que cada institución tenga una estrategia que le permita aprovechar las tecnologías digitales al máximo, teniendo en cuenta los requerimientos de seguridad indispensables, pero poniendo el énfasis en los beneficios para no quedar inmovilizados por los riesgos.

Este es un elemento central en la protección y ampliación de los conocimientos y la experticia de las y los profesionales cubanos que, salidos de las aulas universitarias con un nivel de actualidad aceptable en sus respectivos campos de actividad, quedan desconectados de los flujos mundiales de intercambio y socialización de saberes porque las instituciones donde trabajan no han creado las condiciones ni tienen las políticas más inteligentes para estimular el crecimiento continuo de sus conocimientos, que pasa hoy, entre otros factores, por la presencia activa en las redes digitales.

En resumen, hay un consenso acerca de que el modelo y el sistema comunicativo cubano deben ser modificados, pero aún está pendiente lograr un consenso acerca de la naturaleza y alcance de ese cambio que debe incluir el modelo de comunicación que necesita el país, las políticas y legislaciones necesarias, los medios de comunicación (tradicionales o interactivos) que se deben ir conformando o transformando, el tipo de labor periodística y la comunicación institucional y, en los espacios locales y comunitarios que respondan adecuadamente, en las actuales circunstancias, a las finalidades del país. Para lograr ese consenso se requiere de un amplio debate público.

No es este un asunto privativo de personas expertas y entendidas sino que debe incluir a los más variados sectores sociales para incorporar las necesidades y aspiraciones más amplias posibles y, a la vez, generar conciencia y cultura sobre el derecho a la comunicación y las maneras de ejercerlo, tanto entre los profesionales de la comunicación y los directivos de las instituciones, como en la ciudadanía. 

Fuente: Inter Press Service en Cuba, 29 Abril, 2017. Republicado con permiso.

Notas

1. García Luis, Julio: Revolución, socialismo, periodismo. La prensa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI, La Habana, Editorial Pablo, 2013, p.74.

2. Elizalde Zorrilla, Rosa Miriam: Principios para una política de comunicación social desde la perspectiva de los periodistas cubanos. Tesis doctoral, 2013, p.44.

3. D’Arcy Jean: (S/F) El derecho a comunicar, UNESCO, Serie de Estudios y Documentos de Información, Documento Nº 36, pp.1. Citado por Jurado Vargas, Romel: Hechos y Derechos de la Comunicación. Debate social y político sobre la resignificación de la libertad de expresión, Editorial Académica Española, Quito, 2012.

4. MacBride, Sean: Un solo Mundo, voces múltiples, Fondo de Cultura Económica, México, 1980.

José Ramón Vidal Valdez es Doctor en Ciencias de la Información y Profesor Titular en Universidad de La Habana.


August 27, 2017
Categories:  Media Development

Add A Comment

Comment

Allowed HTML: <b>, <i>, <u>, <a>

Comments

 

Copyright © WACC

 



 2017