América Latina: Entre el feminismo y los sectores antiderechos

By Sandra Chaher on February 29, 2020


Photo: Felipe Mahecha/Shutterstock


En América Latina se registran los últimos años algunos avances en políticas de comunicación y géneros en sintonía con la implementación de la Sección J de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) de 1995, aunque no han sido suficientes para modificar sustancialmente la escena de violencia simbólica y mediática que afecta la vida de las mujeres y colectivos de la diversidad sexo-genérica en la región.

Si partimos de la consideración de que la estereotipación sexista y la violencia afectan y condicionan la vida de las personas y la construcción de su subjetividad, las mujeres y colectivos GLTTBIQ+ en América Latina aún no reciben por parte de los medios de comunicación de la región un trato digno e igualitario que les de acceso a la autopercepción de vidas libres de violencia.

Por el contrario, desde la industria de la comunicación se continúa estigmatizando a las personas de acuerdo a estereotipos de género tradicionales sexistas; desde los Estados se hace aún bastante poco por mediar en estos tratos degradantes y discriminatorios; y el surgimiento los últimos años de redes sociales que reproducen las violencias estructurales de nuestras sociedades, junto al avance de los sectores antiderechos, limitan también en esos espacios el ejercicio de la libertad de expresión de estos colectivos.

¿Cómo nos vemos y nos ven?
Existe aún hoy una enorme distancia entre cómo las personas -especialmente las mujeres- se perciben a sí mismas y cómo se ven representadas en la sociedad y, particularmente, en los medios de comunicación.1 En Brasil, por ejemplo: el 79% de las mujeres sienten que no están representadas equitativamente en la sociedad; el 67% siente que se espera que muestren curvas con poca ropa; y 8 de cada 10 dicen que les gustaría ver a personas como ellas mejor representadas.

Según la misma investigación: de todas las mujeres encuestadas, las de Brasil son las menos satisfechas con la forma en que son retratadas en los medios, especialmente si no son blancas. A la vez, según el Proyecto Monitoreo Global de Medios de Comunicación (PMG), que realiza cada 5 años la Asociación para la Comunicación Cristiana (WACC), y que está focalizado en la forma en que las noticias dan cuenta de mujeres y varones: a nivel global sólo el 4% de las noticias cuestiona los estereotipos tradicionales de género y, específicamente en América Latina, las mujeres aparecemos como sujetos de las noticias sólo en el 29% de las coberturas. 2 3

En relación a la publicidad, una investigación en 5 países de América Latina (Argentina, Chile, Perú, Brasil y México) arrojó, entre otros resultados, que la mayoría considera que la misma sigue reproduciendo estereotipos de género sexistas -mujeres en escenas del ámbito privado, vinculadas a la limpieza, crianza, cuidado del cuerpo, compras/shopping; y varones fuertes, tomando alcohol y conduciendo autos-; y 9 de cada 10 ve con agrado publicidades que rompen con estos estereotipos.4

En relación al sexismo de las prácticas laborales hacia el interior de las empresas periodísticas, una investigación del 2011 de la IMWF da para América Latina resultados algo mejores que los indicadores globales en relación a las empresas periodísticas: las mujeres eran en ese entonces el 36,7% de la fuerza laboral de las empresas periodísticas -3 puntos arriba del promedio global (33,3%)- aunque bastante debajo de la paridad, sobretodo en la medida en que se asciende en los cargos jerárquicos, donde la presencia de mujeres disminuye notoriamente.5 

Otra investigación más reciente profundiza, a partir de entrevistas a mujeres periodistas de la región, en los obstáculos que ellas perciben en el ejercicio de la profesión: ausencia femenina en los cargos de decisión, que limita las agendas y genera muchas situaciones de abuso de poder sexista; brecha salarial, y no sólo por igual trabajo sino que denuncian trabajar más que sus colegas varones y recibir menor paga; y seguridad, ya que efectivamente por vivir en sociedades sexistas el ejercicio de la profesión para ellas está sometido a más riesgos y no son protegidas adecuadamente por las empresas en las que se desempeñan.6 Y si bien las mujeres están avanzando en la fundación y dirección de medios digitales en la región,7 los medios con una orientación claramente feminista o de género siguen teniendo serias dificultades de financiamiento y son espacios fundamentalmente militantes, sostenidos con trabajo gratuito.

A este panorama de desigualdad en las industrias de la comunicación y en sus producciones simbólicas, que no es más que el reflejo de la desigualdad estructural de género en nuestras sociedades, se han sumado en los últimos años las redes sociales, espacios donde quienes accionan y emiten opiniones no son quienes tienen la propiedad de las empresas (como en el caso de los medios tradicionales) sino la misma ciudadanía, con lo cual se torna mucho más complejo establecer responsabilidades frente a las discriminaciones, estigmatizaciones y violencias. 

Según un informe reciente de ONU: el 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida;8 y una investigación global de Amnistía Internacional (AI) de 2018 -en base a entrevistas a usuarias de redes sociales, además de un trabajo de análisis de TW- dio cuenta de que el 41% de las encuestadas, al menos en una ocasión, sintió que su integridad física estaba en riesgo debido a las amenazas recibidas por su actividad en redes sociales.9

AI realizó también en 2019 una investigación en Argentina sobre cómo afectó a las mujeres con perfiles en la red social Twitter -particularmente periodistas, legisladoras y activistas- el debate sobre la legalización del aborto que se dió en 2018 en ese país: una de cada tres mujeres encuestadas dijo haber sufrido violencia en las redes sociales. El impacto sobre su salud física y emocional de estas violencias fueron ataques de pánico, estrés o ansiedad (36%); pérdida de autoestima o confianza (35%);  miedo a salir a la calle (34%) y aislamiento psicológico (33%).10

¿Qué hacen Estados y empresas? 
En términos de políticas, y particularmente de políticas públicas, los países de América Latina han avanzado los últimos años en el diseño de normas que incluyen disposiciones sobre comunicación y género acordes a la Sección J de la PAB (particularmente de la mano de la aprobación de leyes integrales de violencia de género y de nuevas regulaciones sobre comunicación), pero en pocos casos éstas se han transformado en programas con aplicación concreta. 

De acuerdo a una encuesta realizada en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Alianza Global de Medios y Género (GAMAG) y que fue respondida en un 19% por países de América Latina: sólo el 30% de los gobiernos del mundo dispone de presupuesto para trabajar sobre el Objetivo Estratégico 2 de la Plataforma de Acción de Beijing (reducción de contenidos sexistas) y 15% para trabajar sobre el OE 1 (acceso y participación de las mujeres a las industrias de la comunicación).11 En América Latina, y acorde a tres investigaciones realizadas en los últimos años por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad:12 ninguna política pública está destinada al abordaje de la desigualdad planteada por el Objetivo 1 de la PAB y, en relación al Objetivo 2: hay más leyes que desarrollo de programas.

En relación a las normas que han facilitado disposiciones sobre comunicación y género: 7 países de la región disponen de leyes integrales de violencia de género que incluyen las figuras jurídicas de violencia simbólica y/o mediática -Argentina, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela-. A la vez, en 4 países hay alguna disposición sobre comunicación y género en diferentes normas (fundamentalmente de violencia) -Colombia, Chile, México y Perú-; y en 4 países, no hay disposiciones sobre el tema en la normativa: Brasil, Cuba, Costa Rica y Ecuador.13

A la vez, en las naciones en las que la investigación registró mayor desarrollo de políticas públicas en comunicación y género (sustancialmente Argentina entre 2010 y 2015, Bolivia y México) se observa que, aún a pesar del rechazo original a las mismas, las empresas han acatado las normas (en el caso de Argentina, por ejemplo, las mismas incluyen sanciones económicas por la vulneración de derechos; y en el de Bolivia la obligatoriedad de difundir campañas de bien público).14

Acerca de las políticas de género en la industria de la comunicación, dos investigaciones realizadas en Costa Rica y Argentina dan cuenta de la ausencia de las mismas por parte de las empresas de periodismo y publicidad. En Costa Rica, en una encuesta realizada a organizaciones de medios ( empresas periodísticas y agencias de publicidad y comunicación): el 81% manifestaron no disponer de políticas de género para el personal;15 y en Argentina, la industria del periodismo y la publicidad no disponen prácticamente de políticas de género, a excepción de la realización de capacitaciones aisladas.16

Debates clásicos y nuevos desafíos
El avance de las políticas de comunicación y género -que no está directamente vinculado a la orientación política de los gobiernos-, se ha visto limitado en parte por dos debates: el que gira en torno a la libertad de expresión -promovido por las empresas- y aquel vinculado a la igualdad de género, categoría puesta en discusión los últimos años por sectores conservadores religiosos (antiderechos).

Históricamente las empresas periodísticas han rechazado cualquier crítica a los contenidos que emiten amparándose en el derecho a la libertad de expresión, lo cual evidencia una perspectiva liberal de este derecho que ha sido cuestionada en las últimas décadas. Desde una mirada más moderna, la libertad de expresión no tiene sólo una dimensión individual (el derecho a expresarnos) sino una colectiva: el derecho a que las sociedades accedan a diferentes voces sobre los temas, para lo cual es necesario que ninguna voz sea acallada ni discriminada. 

Esta tensión se ha expresado en reiteradas oportunidades los últimos años en nuestra región. Citaremos sólo algunos casos recopilados en Comunicación, Género y Derechos Humanos:17 en 2011 en Argentina, ante un decreto del Poder Ejecutivo que prohibía la publicación de avisos de oferta sexual por parte de los medios de comunicación, el Diario Río Negro presentó un amparo judicial en el que afirmaba el irónico argumento de que el diario, con la publicación de avisos, estaba transformándose en un defensor del derecho de las mujeres que se prostituyen a difundir sus servicios.

El mismo año, en Nicaragua, en el marco del debate de una nueva ley integral de violencia de género que incluía la figura de violencia mediática, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) observó: “Esta nueva figura penal de la violencia mediática debe ser analizada desde la perspectiva de la libertad de prensa y no de los crímenes de género”,18 como si no hubiera relación entre la violencia simbólica y los feminicidios y/o agresiones físicas. En 2014, cuando el gobierno de Bolivia reglamentó la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia -que preveía que los medios de comunicación debían ceder tiempo y espacio gratuitamente para la difusión de mensajes de prevención de la violencia hacia las mujeres-, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) emitió un comunicado en el que se refirió a la “asfixia financiera” que semejante medida provocaba en los medios.19

Los medios de comunicación de nuestra región, particularmente la prensa gráfica, siguen considerando que los contenidos que emiten pueden recorrer un camino paralelo al de los derechos humanos, cuestionarlos e impugnarlos, ya que esto es parte de su ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sin considerar que nuestro entramado de tratados regionales e internacionales de derechos humanos no sólo reconoce al derecho a la igualdad y no discriminación como un límite a la libertad de expresión, sino que existen acuerdos específicos que protegen los derechos de las mujeres y colectivos de la disidencia sexo-genérica.

Podríamos preguntarnos si las voces discriminatorias, el discurso de odio, la apología indirecta de la violencia, ¿tienen el mismo valor, y deberían recibir el mismo espacio, que aquellos discursos que promueven la igualdad y los derechos humanos? Y si acordamos en que estos últimos deben ser promovidos especialmente, justamente por su aporte a la construcción de sociedades igualitarias, ¿cómo efectivizamos esa promoción y qué esperamos para concretarla? Las voces habitualmente discriminadas -tanto de mujeres y disidencias como de otros colectivos- difícilmente llegarán a tener volúmen y amplificación sino se las protege y se impulsan acciones afirmativas para promocionarlas.

En relación a los sectores antiderechos, varios de los países de la región han estado afectados los últimos años por el avance de estos grupos que si bien no han impugnado específicamente la agenda de comunicación y géneros, sí se han opuesto al avance, y han intentado que los Estados retrocedan, en las políticas públicas de género en general. En Brasil y Bolivia estos sectores actualmente gobiernan, en Paraguay y Perú cuestionaron severamente la implementación de la educación sexual, en Argentina impidieron la aprobación de un proyecto de legalización del aborto, en Colombia interfirieron en el plebiscito por los acuerdos de paz, y podríamos seguir.

A la vez, en todos estos países han impulsado la Campaña Con Mis Hijos No te Metas que promueve estereotipos de género tradicionales y sexistas que son parte de las formas de violencia simbólica que el feminismo y la agenda de derechos humanos han identificado como un impedimento para el avance de la igualdad de género. 

Entonces: ¿avanzamos o no?
América Latina ha realizado avances los últimos 25 años en sus políticas de comunicación, tanto de parte del Estado como de las empresas, aunque han sido pocos; y claramente quienes más se han comprometido con el tema han sido las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones profesionales.

La aprobación de leyes integrales de violencia (con articulados específicos sobre comunicación y violencia simbólica) y de nuevas regulaciones sobre comunicación, unido al avance de los feminismos en la región, hacen que hoy sea muy difícil no considerar a la agenda de género en todas las dimensiones del Estado y la sociedad.

Sin embargo, los avances se enfrentan a nuevos y a tradicionales desafíos. Aún asi, creemos en que hay una transformación cultural en marcha indetenible: aún surgiendo rémoras para la agenda de género, cada vez son más los sectores de la sociedad permeados por el ideario feminista y de la igualdad de género. Muy lentamente, pero en forma sostenida, vamos avanzando.

Notas

1. UN Women: Unstereotype Alliance. Beyond Gender: The Invisible Stereotypes.

2. Aunque debe decirse que este indicador es un 5% más alto que el promedio global (2015) y habiendo registrado América Latina el mayor porcentaje de aumento de este indicador del PMG desde la primera medición de 1995 (13%).

3. Macharia, S. 2015  ¿Quién figura en las noticias? El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana –WACC-).

4. En línea: https://publicitarias.org/2018/05/15/trendsity-presento-un-estudio-regional-sobre-genero-con-claves-para-la-innovacion-de-las-marcas/, acceso 13 de diciembre 2019.

5. Byerly, Carolyn (2011) Global Report on the Status of Women in the News Media. International Women’s Media Foundation. Washington.

6. Sembramedia “Ser mujer y ser periodista”. En línea: https://www.sembramedia.org/mujeres-periodistas/, acceso 13 diciembre 2019.

7. Según Sembramedia, el 68% de los medios digitales tienen mujeres dentro de sus espacios directivos, y ellas conforman el 44% del total de personas fundadoras. Más información: https://www.sembramedia.org/la-diversidad-del-periodismo-emprendedor-latinoamericano/, acceso 13 diciembre 2019.

8. Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2018 “Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos”.

9. Amnistía Internacional 2018 TOXICTWITTER- VIOLENCIA Y ABUSO CONTRA LAS MUJERES EN INTERNET.

10. Aministía Internacional “Corazones verdes- Violencia on-line contra las mujeres durante el debate por la legalización del aborto en Argentina”. 

11. UNESCO y GAMAG Global Survey on Gender and Media- Preliminary findings.

12. Poíticas de comunicación y género en América Latina (2014, 2016 y 2018). Más información: https://comunicarigualdad.com.ar/politicas-publicas-de-comunicacion-y-genero-en-america-latina-2/, acceso 13 de diciembre 2019.

13. Chaher, Sandra “Políticas de comunicación y género en América Latina: implementación escasa y debates obstaculizadores” en Chaher, Sandra (comp.) 2018 Políticas de comunicación y género en América Latina: cerrando un ciclo. Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y Fundación Friedrich Ebert: Ciudad de Buenos Aires.  

14. Idem.

15. Castro Camacho, Angélica et al “Comunicación con perspectiva de género en CostaRica” en Chaher, Sandra (comp) 2018 Políticas de comunicación y género en América Latina: cerrando un ciclo. Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y Fundación Friedrich Ebert: Ciudad de Buenos Aires.  

16. Chaher, Sandra y Pedraza, Virginia (comp) 2018 Organizaciones de medios y género : igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades. Córdoba: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. En línea: https://comunicarigualdad.com.ar/organizaciones-de-medios-y-genero/, acceso 13 de diciembre 2019; y Chaher, Sandra y Pedraza, Virginia 2019 Sector Publicitario y Género. Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y FUNDEPS. En línea: https://comunicarigualdad.com.ar/las-desigualdades-de-genero-en-el-ambito-de-la-publicidad/, acceso 13 de diciembre 2019.

17. Chaher, Sandra “Libertad de expresión: ¿Nuevos consensos?” en Chaher, S. (comp) Comunicación, género y derechos humanos. Ciudad de Buenos Aires: Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y Fundación Friedrich Ebert.

18. Carcache, D. y EFE 2011 “Censura`absurda’, dice la SIP” en La Prensa: https://www.laprensa.com.ni/2011/02/10/politica/624755-censura-absurda-dice-la-sip, acceso 13 de diciembre 2019.

19. “ANP denuncia asfixia financiera de medios camuflada en nobles propósitos” 2014 en La Patria en Línea: https://www.lapatriaenlinea.com/?t=anp-denuncia-asfixia-financiera-de-medios-camuflada-en-nobles-propositos&nota=198741, acceso 13 de diciembre 2019.

 

Sandra Chaher es Periodista y Licenciada en Ciencias de la Comunicación (Universidad de Buenos Aires), con Especialización en Género y Derecho (UBA). Presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos dictado por Comunicación para la Igualdad con co-certificación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hasta el 2006 se desempeñó como redactora de medios masivos de comunicación de Argentina (diario Página12, revista 3puntos, revista dominical del diario La Nación). Compiló y editó, entre otros, los libros Las palabras tienen sexo (2007 y 2010); Políticas de comunicación y género en América Latina (2014, 2016 y 2018); Comunicación, género y derechos humanos (2016); y Organizaciones de medios y género (2018) y Sector Publicitario y Género (2019).This issue of Media Development is not the first in which the journal has turned its attention to the Caribbean. In 1998, with contributions by communication stalwarts such as Aggrey Brown, Lawrence D. Carrington, and Patrick A.B. Anthony, we published “Communication Issues in the Caribbean”. It looked in particular at the resurgence of national and cultural identities expressed through independent media.

 


February 29, 2020
Categories:  Media Development

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